La Ley bipartidista de reforma de la justicia penal: Es un comienzo.

El Congreso presentó un proyecto de ley bipartidista de reforma penal que se considera el conjunto de propuestas de reforma más completo de los últimos años. Entre otras cosas, suprime la anterior norma de los "tres strikes", por la que un acusado condenado por un tercer cargo no violento de drogas puede enfrentarse a una condena obligatoria de cadena perpetua. Amplía las disposiciones sobre la válvula de seguridad, que permite a determinados delincuentes no violentos por drogas ser condenados por debajo de la pena mínima obligatoria, y reduce las penas mínimas obligatorias para los clasificados como "delincuentes profesionales" y los delitos con armas de fuego.

Además, la ley prohibiría la reclusión en régimen de aislamiento de menores y permitiría a los menores condenados a cadena perpetua solicitar la libertad condicional tras cumplir 20 años de condena.

La parte más interesante de la ley es, con mucho, la creación de programas de rehabilitación y contra la reincidencia adaptados a cada recluso en función de sus delitos y necesidades. Si el recluso participa con éxito, podrá obtener una reducción de su condena de 10 días naturales por mes o de hasta 120 días por año.

Resulta reconfortante ver que el Congreso se pone de acuerdo en cualquier cosa, pero especialmente en cuestiones tan controvertidas como la búsqueda de fórmulas para reducir las penas de prisión. El hecho de que ambos partidos coincidan en la necesidad de esta reforma es un testimonio del monumental problema al que se enfrenta nuestro sistema federal de justicia penal: el encarcelamiento excesivo y la imposición de penas elevadas que, en última instancia, no equivalen a una reducción de la delincuencia ni a la rehabilitación de los condenados. Aunque la ley es un gran comienzo, mientras las largas penas mínimas obligatorias y los importes exagerados de las pérdidas que crean condenas excesivas sigan siendo la norma en el sistema de justicia federal, nos quedará mucho camino por recorrer.

El Congreso presentó un proyecto de ley bipartidista de reforma penal que se considera el conjunto de propuestas de reforma más completo de los últimos años. Entre otras cosas, suprime la anterior norma de los "tres strikes", por la que un acusado condenado por un tercer cargo no violento de drogas puede enfrentarse a una condena obligatoria de cadena perpetua. Amplía las disposiciones sobre la válvula de seguridad, que permite a determinados delincuentes no violentos por drogas ser condenados por debajo de la pena mínima obligatoria, y reduce las penas mínimas obligatorias para los clasificados como "delincuentes profesionales" y los delitos con armas de fuego.

Además, la ley prohibiría la reclusión en régimen de aislamiento de menores y permitiría a los menores condenados a cadena perpetua solicitar la libertad condicional tras cumplir 20 años de condena.

La parte más interesante de la ley es, con mucho, la creación de programas de rehabilitación y contra la reincidencia adaptados a cada recluso en función de sus delitos y necesidades. Si el recluso participa con éxito, podrá obtener una reducción de su condena de 10 días naturales por mes o de hasta 120 días por año.

Resulta reconfortante ver que el Congreso se pone de acuerdo en cualquier cosa, pero especialmente en cuestiones tan controvertidas como la búsqueda de fórmulas para reducir las penas de prisión. El hecho de que ambos partidos coincidan en la necesidad de esta reforma es un testimonio del monumental problema al que se enfrenta nuestro sistema federal de justicia penal: el encarcelamiento excesivo y la imposición de penas elevadas que, en última instancia, no equivalen a una reducción de la delincuencia ni a la rehabilitación de los condenados. Aunque la ley es un gran comienzo, mientras las largas penas mínimas obligatorias y los importes exagerados de las pérdidas que crean condenas excesivas sigan siendo la norma en el sistema de justicia federal, nos quedará mucho camino por recorrer.

El Congreso presentó un proyecto de ley bipartidista de reforma penal que se considera el conjunto de propuestas de reforma más completo de los últimos años. Entre otras cosas, suprime la anterior norma de los "tres strikes", por la que un acusado condenado por un tercer cargo no violento de drogas puede enfrentarse a una condena obligatoria de cadena perpetua. Amplía las disposiciones sobre la válvula de seguridad, que permite a determinados delincuentes no violentos por drogas ser condenados por debajo de la pena mínima obligatoria, y reduce las penas mínimas obligatorias para los clasificados como "delincuentes profesionales" y los delitos con armas de fuego.

Además, la ley prohibiría la reclusión en régimen de aislamiento de menores y permitiría a los menores condenados a cadena perpetua solicitar la libertad condicional tras cumplir 20 años de condena.

La parte más interesante de la ley es, con mucho, la creación de programas de rehabilitación y contra la reincidencia adaptados a cada recluso en función de sus delitos y necesidades. Si el recluso participa con éxito, podrá obtener una reducción de su condena de 10 días naturales por mes o de hasta 120 días por año.

Resulta reconfortante ver que el Congreso se pone de acuerdo en cualquier cosa, pero especialmente en cuestiones tan controvertidas como la búsqueda de fórmulas para reducir las penas de prisión. El hecho de que ambos partidos coincidan en la necesidad de esta reforma es un testimonio del monumental problema al que se enfrenta nuestro sistema federal de justicia penal: el encarcelamiento excesivo y la imposición de penas elevadas que, en última instancia, no equivalen a una reducción de la delincuencia ni a la rehabilitación de los condenados. Aunque la ley es un gran comienzo, mientras las largas penas mínimas obligatorias y los importes exagerados de las pérdidas que crean condenas excesivas sigan siendo la norma en el sistema de justicia federal, nos quedará mucho camino por recorrer.